De pronto alguien o muchos de los que me lean o me conozcan no entiendan cuando digo que esto me duele, pensarán que como no es mi problema o el suyo no hay un por qué para involucrarse.
Sin embargo, la situación de los presos en el mundo especialmente quienes se encuentran recluidos en alguna prisión de la República Popular de China me conmueve como persona, como abogada, como colombiana.
Me indigna la indiferencia del Gobierno, de la sociedad y hasta de las mismas familias afectadas por uno de los flagelos que sufre Colombia y es el del narcotráfico. No en sí mismo como un delito grave, sino por las consecuencias que conlleva y el manejo dado al tema.
Las personas utilizadas para el tráfico humano de los estupefacientes, llamadas mulas, caen en la trampa entre otros, de los grandes narcotraficantes, de los problemas sociales y económicos que no son atacados de raíz con educación, salud, remuneraciones laborales justas y oportunidades, no con esto quiero defender la comisión de una falta pero si acudo a la proporcionalidad de la pena, a la defensa de los derechos humanos y a motivos humanitarios.
Los presos se atrevieron a iniciar el peor viaje de sus vidas, situación no muy divulgada pero se precisa darla a conocer, cuya finalidad es hacer un alto frente a la vulneración grave de los Derechos Humanos. Cuando se es juzgado bajo las leyes del Código Penal de China, se está ante los parámetros del azar. La fase investigativa tiene una duración de 6 a 18 meses, no obstante, miremos si en realidad se cumple. Hay investigados que llevan hasta casi 3 años en esta circunstancia, pero eso no es lo peor. Lo más grave, es que durante la etapa de investigación se encuentran totalmente incomunicados.
Posteriormente, se profiere la sentencia que en la mayoría de los casos es condenatoria con pena de muerte o cadena perpetua, no es difícil adivinar los motivos de ese resultado, cuyas consideraciones se motivan en ser colombiano, en las confesiones no del todo ciertas firmadas bajo presión y torturas, la inexistencia del derecho a la defensa, el no contar con un abogado, las barreras del idioma y la ausencia del apoyo familiar, toda vez que la familia solamente se entera de la captura una vez se ha proferido la condena y en algunos casos hasta el día de la ejecución.
Una vez emanada la sentencia se entra al llamado “corredor de la muerte” una especie de tiempo de prueba esperando si se cumple la pena de muerte o es conmutada por la cadena perpetua, una decisión más “favorable” pero no así más alentadora, un lapso que puede alargarse indefinidamente. El derecho ganado una vez se obtiene condena es una llamada 10 minutos al mes para hablar con la familia. En Hong Kong hay derecho a visita diariamente, mientras que en Guangzhou sólo puede visitarlos la Cancillería de Colombia.
Mientras, son sometidos a tratos inhumanos, degradantes e indignos para un ser humano, la comida es una ración al día de arroz sin sal y agua. Sus comportamientos son calificados bajo un sistema de puntos, cualquier falla menor los resta y con ello, le quita el derecho al papel higiénico, la crema dental, etc.; son sometidos a jornadas de trabajo extensas sin remuneración económica limitada a la entrega de productos de aseo o alguna fruta. No tienen acceso a libros, hay posibilidad de enviarlos, sin embargo, dicho envío desde Colombia por cada kilo del envío cuesta alrededor de 300 mil pesos.
Algunos padecen hasta cáncer sin haber sido repatriados pese a haberse invocado motivos humanitarios y tras años de lucha de quienes han dado la pelea en Colombia, desde departamentos como Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y ahora creciente en Cundinamarca; así como tampoco se ha adelantado a la fecha un Tratado de repatriación con Colombia. No faltará el que prefiera que los maten, el que juzgue la falta pero yo avoco al derecho humanitario, a la proporcionalidad de la pena con el daño, a que juzguen también las cabezas de eslabón y no sólo a los transportadores, a que el Gobierno ataque los problemas de raíz y abra las puertas al Tratado Internacional, estamos en un país en el que todo pasa y todo puede pasar, por eso no es imposible dar el debate y suscribir dicho Convenio.
De la misma manera como pensaban apoyar a otros Gobiernos recibiendo los presos de Guántanamo, ¿mejor por qué no recibir a nuestros colombianos dando a la vez un profundo saneamiento, una verdadera reivindicación, un real cambio a nuestro sistema penal, penitenciario, carcelario y a las políticas sociales. No solo contribuyamos a la guerra con impuestos y con hombres, la educación y resocialización es el otro camino.
Sin embargo, la situación de los presos en el mundo especialmente quienes se encuentran recluidos en alguna prisión de la República Popular de China me conmueve como persona, como abogada, como colombiana.
Me indigna la indiferencia del Gobierno, de la sociedad y hasta de las mismas familias afectadas por uno de los flagelos que sufre Colombia y es el del narcotráfico. No en sí mismo como un delito grave, sino por las consecuencias que conlleva y el manejo dado al tema.
Las personas utilizadas para el tráfico humano de los estupefacientes, llamadas mulas, caen en la trampa entre otros, de los grandes narcotraficantes, de los problemas sociales y económicos que no son atacados de raíz con educación, salud, remuneraciones laborales justas y oportunidades, no con esto quiero defender la comisión de una falta pero si acudo a la proporcionalidad de la pena, a la defensa de los derechos humanos y a motivos humanitarios.
Los presos se atrevieron a iniciar el peor viaje de sus vidas, situación no muy divulgada pero se precisa darla a conocer, cuya finalidad es hacer un alto frente a la vulneración grave de los Derechos Humanos. Cuando se es juzgado bajo las leyes del Código Penal de China, se está ante los parámetros del azar. La fase investigativa tiene una duración de 6 a 18 meses, no obstante, miremos si en realidad se cumple. Hay investigados que llevan hasta casi 3 años en esta circunstancia, pero eso no es lo peor. Lo más grave, es que durante la etapa de investigación se encuentran totalmente incomunicados.
Posteriormente, se profiere la sentencia que en la mayoría de los casos es condenatoria con pena de muerte o cadena perpetua, no es difícil adivinar los motivos de ese resultado, cuyas consideraciones se motivan en ser colombiano, en las confesiones no del todo ciertas firmadas bajo presión y torturas, la inexistencia del derecho a la defensa, el no contar con un abogado, las barreras del idioma y la ausencia del apoyo familiar, toda vez que la familia solamente se entera de la captura una vez se ha proferido la condena y en algunos casos hasta el día de la ejecución.
Una vez emanada la sentencia se entra al llamado “corredor de la muerte” una especie de tiempo de prueba esperando si se cumple la pena de muerte o es conmutada por la cadena perpetua, una decisión más “favorable” pero no así más alentadora, un lapso que puede alargarse indefinidamente. El derecho ganado una vez se obtiene condena es una llamada 10 minutos al mes para hablar con la familia. En Hong Kong hay derecho a visita diariamente, mientras que en Guangzhou sólo puede visitarlos la Cancillería de Colombia.
Mientras, son sometidos a tratos inhumanos, degradantes e indignos para un ser humano, la comida es una ración al día de arroz sin sal y agua. Sus comportamientos son calificados bajo un sistema de puntos, cualquier falla menor los resta y con ello, le quita el derecho al papel higiénico, la crema dental, etc.; son sometidos a jornadas de trabajo extensas sin remuneración económica limitada a la entrega de productos de aseo o alguna fruta. No tienen acceso a libros, hay posibilidad de enviarlos, sin embargo, dicho envío desde Colombia por cada kilo del envío cuesta alrededor de 300 mil pesos.
Algunos padecen hasta cáncer sin haber sido repatriados pese a haberse invocado motivos humanitarios y tras años de lucha de quienes han dado la pelea en Colombia, desde departamentos como Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y ahora creciente en Cundinamarca; así como tampoco se ha adelantado a la fecha un Tratado de repatriación con Colombia. No faltará el que prefiera que los maten, el que juzgue la falta pero yo avoco al derecho humanitario, a la proporcionalidad de la pena con el daño, a que juzguen también las cabezas de eslabón y no sólo a los transportadores, a que el Gobierno ataque los problemas de raíz y abra las puertas al Tratado Internacional, estamos en un país en el que todo pasa y todo puede pasar, por eso no es imposible dar el debate y suscribir dicho Convenio.
De la misma manera como pensaban apoyar a otros Gobiernos recibiendo los presos de Guántanamo, ¿mejor por qué no recibir a nuestros colombianos dando a la vez un profundo saneamiento, una verdadera reivindicación, un real cambio a nuestro sistema penal, penitenciario, carcelario y a las políticas sociales. No solo contribuyamos a la guerra con impuestos y con hombres, la educación y resocialización es el otro camino.
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